La tensión entre Boric y la Corte Suprema de Chile se intensifica tras los indultos presidenciales

La tensión entre Boric y la Corte Suprema de Chile se intensifica tras los indultos presidenciales
La tensión entre Boric y la Corte Suprema de Chile se intensifica tras los indultos presidenciales
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El presidente de Chile, Gabriel Boric, durante una visita a los habitantes de los cerros de Viña del Mar afectados por un gran incendio forestal en diciembre pasado.Presidencia de Chile (Presidencia de Chile/EFE)

Luego de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, decidiera este viernes indultar, como es su atribución, a 13 condenados por la justicia -12 por delitos durante la epidemia social de 2019 y uno que perteneció a la organización armada Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) por un asalto a un banco en Santander en 2013– se han abierto diferentes frentes de conflicto para el gobierno. El Supremo se reunió este martes en un pleno extraordinario y decidió responder al mandatario, que este lunes, desde el traspaso del mando desde Brasil, justificó su indulto a Jorge Mateluna, el condenado por el caso del robo al banco. sucursal. “Tengo la más profunda convicción de que en el juicio de Mateluna hubo irregularidades y una evaluación de la evidencia que no estuvo a la altura de los estándares de la justicia”, dijo Boric. “Estoy plenamente convencido de la inocencia de Jorge y por eso hemos procedido con este indulto”, agregó desde Brasilia.

Los jueces de la Corte Suprema no evaluaron la decisión del presidente de indultar a estos 13 condenados, pero sus comentarios sobre las acciones del tribunal para justificar el indulto de Mateluna, quien era miembro del FPMR (una organización de izquierda que buscaba derrotar por la fuerza a Augusto Pinochet de armas, que murió con la democracia y sólo algunos de sus agentes continuaron operando en el tiempo).

“En respuesta a declaraciones del Presidente de la República, repetidas en ciertos medios de comunicación los días 1 y 2 de enero, en las que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial bien afinado (caso Mateluna), la Corte Suprema ve en la es necesario recordar lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: “La competencia para conocer de las causas civiles y penales, resolverlas y ejecutar las sentencias, corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, ”, dijeron los jueces del máximo tribunal de justicia.

La Corte Suprema, que arrastra molestia con el Gobierno por la forma en que manejó el fracaso del nombramiento del fiscal nacional -Chile lleva tres meses privado de la máxima autoridad de esta institución en medio de una crisis de seguridad pública-, agregó que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en ningún caso, ejercer funciones jurisdiccionales, conocer de casos pendientes, revisar los fundamentos o el contenido de sus resoluciones o relanzar procesos muertos.

Boric aseguró este lunes desde Brasil que el indulto de Mateluna no se justificó por una opinión personal, sino por el aprecio de varios reconocidos juristas, como Davor Harasic, quien fuera decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Junto a los temas de injerencia en otro poder del Estado, una de las críticas vertidas sobre las palabras del mandatario apunta a que Harasic representó a Mateluna en instancias superiores a través de la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile y que, convencido de su inocencia y de lo mal que ha sido sopesadas las pruebas existentes en el caso, presentó una acción de revisión en la Corte Suprema que fue desestimada en 2018. Según los críticos, el presidente con sus palabras da más importancia a las opiniones de los acusados ​​de los condenados que a las resoluciones. de las más altas jurisdicciones.

La ministra del Interior, la socialista Carolina Tohá, trató de poner un paño frío al conflicto. “El Presidente tiene un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial y nunca ha cuestionado el ejercicio de sus facultades ni la validez del proceso que condujo a la condena de todos los indultados”, declaró el Ministro Principal del Gabinete, quien precisamente evocó los puntos que se reprochan al presidente. En un intento por calmar las aguas, Tohá aseguró que las declaraciones de la Corte Suprema “se reciben como una opinión con la que el gobierno no tiene desacuerdo, descartando que Boric haya intentado ejercer un cargo judicial.

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Las declaraciones de Boric también provocaron una reacción de la Fiscalía, que recordó este martes que tenía en sus manos en junio de 2013 “la investigación por un delito de robo agravado con intimidación, homicidio frustrado contra policías de guardia, puerto y tenencia de armas”. de guerra, tenencia de arma de fuego prohibida, tenencia ilícita de armas de fuego ordinarias y recibo”. De acuerdo a la información recordada por los fiscales, Mateluna fue detenido “en flagrancia” por estos hechos y la investigación demostró su participación “en calidad de autor”, “lo que fue refrendado en todas las instancias judiciales” en forma unánime, incluida la Corte Suprema.

poder del presidente

En Chile existe la potestad del presidente de indultar a las personas condenadas por los tribunales, pero lo que se critica es la base de su decisión. El gobierno dijo que había decidido indultar a estas 13 personas haciendo uso de este premio presidencial -como lo han hecho todos los presidentes anteriores- porque se trata de “un grupo cuyos derechos han sido históricamente vulnerados, en particular los derechos sociales, económicos y culturales”. lo que abrió una discusión en profundidad sobre este motivo como factor motivador de los crímenes.

Los críticos dicen que el gobierno tenía motivaciones políticas, mientras que parte del partido gobernante dice que fue una promesa de la campaña presidencial. El gobierno intentó indultar a los presos del brote de 2019 a través de un proyecto de ley en el parlamento, que fracasó.

La decisión anunciada el viernes provocó el fracaso de las negociaciones encabezadas por el ministro Tohá para llegar a un acuerdo político transversal en materia de seguridad, la mayor urgencia que enfrenta Chile y la principal prioridad de los ciudadanos. La oposición se ha retirado de las conversaciones y ha anunciado que impulsará sus propios proyectos de ley en el parlamento, mientras estudia los cargos constitucionales contra Boric, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y que acudirá a la justicia constitucional para anular el indulto contra Mateluna.

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